La Universidad Católica de Colombia fue sede del encuentro “Tejiendo saberes: experiencias y desafíos en el acompañamiento a la implementación de la Ley 2292 de 2023”. Este evento reunió a estudiantes de Derecho de diversas instituciones, representantes de organizaciones sociales y funcionarios públicos para reflexionar y compartir aprendizajes sobre el impacto de esta ley.
Entre los asistentes más destacados se encontraba el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Dr. Diego Mauricio Olarte, quien participó en un diálogo con estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, el Politécnico Grancolombiano, la Universidad del Rosario, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, el Colectivo Temblores ONG y la Defensoría del Pueblo.
Este encuentro surgió como respuesta a las experiencias adquiridas por los estudiantes en su labor de apoyo a las beneficiarias potenciales de la Ley 2292 de 2023. Dicha normativa tiene como objetivo atender las necesidades urgentes de las mujeres privadas de la libertad, dentro del contexto de la deshumanización de la política criminal y las condiciones penitenciarias del país, mediante la integración del enfoque de género y los principios de justicia restaurativa.
Durante el evento, el Viceministro Olarte destacó la importancia de las universidades y organizaciones en la implementación de la ley, resaltando la necesidad de reflexionar sobre sus desafíos y fomentar el intercambio de aprendizajes a través de espacios de diálogo inclusivo.
Un momento destacado fue la presentación del caso de éxito liderado por la Defensoría Pública adscrita a la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, a cargo de la Dra. Claudia Johanna Marín Cañas. Ella compartió el logro de otorgar beneficios a 13 mujeres privadas de la libertad.
Asimismo, los estudiantes de las universidades participantes socializaron sus experiencias en las brigadas jurídicas, donde brindan atención y apoyo legal a mujeres privadas de la libertad, reforzando el compromiso de la academia con la transformación social.
Gracias a estas iniciativas, los futuros juristas no solo adquieren competencias profesionales, sino que también se convierten en agentes de cambio, contribuyendo al bienestar y la dignidad de las personas privadas de la libertad y promoviendo una política criminal más humana e inclusiva.